ES LA IMPUNIDAD

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(Publicado por el diario El Universo de Ecuador el miércoles 27 de abril de 2016)

De tanto repetir y vivir la corrupción en América Latina, ella ha dejado de tener la carga ignominiosa que tiene en otras sociedades donde el corrupto termina haciéndose el harakiri para despojar a sus cercanos del peso que esa condición supone.

Aquí entre nosotros poco importa que los hermanos, esposas o parientes del presidente estén envueltos en estos escándalos. Al contrario, se considera absolutamente natural a la condición del poder que ello acontezca. Se acepta como un hecho normal, ya que los castigos son poco frecuentes. El problema grande entre nosotros es la impunidad. Que no haya castigos ejemplares torna a la sociedad en cómplice de un sistema de corrupción que tiene su directa relación con la impunidad reinante. Por eso los sistemas judiciales son sirvientes y esclavos del poder político, porque los protagonistas de este espacio no desean terminar entre rejas o ser castigados de otra manera. La impunidad es la contracara de la corrupción.

Los guatemaltecos, incapaces de enfrentar con éxito ese doble problema, han pedido ayuda a las Naciones Unidas. Crearon el Cecig, un centro encargado de luchar contra la impunidad pero con un superfiscal colombiano al frente. Las cosas les fueron bien. Acabaron con el gobierno de Otto Pérez Molina y escogieron a un comediante como sustituto. Hay una coincidencia a nivel mundial de que los órganos judiciales internos fuertemente sometidos a los políticos no sean capaces de enderezar entuertos, que solo cabe pensar en una justicia transnacional o con claros signos de intervención internacional, ya que los fiscales y jueces locales son incapaces de enfrentar a los corruptos y acabar con la impunidad. Para unos es una pérdida de soberanía y no faltarán aquellos que digan que eso supone la intervención extranjera en los asuntos locales. Estos argumentos no son sostenibles porque muchos países nuestros admiten la presencia extranjera de espías o asesores militares en su estructura, sin que ello suponga para nada “intervención extranjera”. Si continuamos con el uso indiscriminado del poder judicial con fines políticos, como acontece hoy en varios países y en especial en Venezuela, no sería para nada raro que la población otorgara capacidad sancionadora a organismos internacionales creados a partir del fracaso judicial interno.

El mayor problema de la democracia latinoamericana es la ausencia de instituciones sólidas que funcionen en el interés de la gente en materia judicial. La rampante impunidad ha rodeado con un manto de inmunidad a los corruptos, y ha concluido en la idea de que poder y corrupción son una misma cosa.

Luchar contra la impunidad desde lo local o internacional es una manera de construir una real democracia. Los que se oponen a ella es simplemente porque no la quieren y la rechazan.

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Acerca de Redaccion central

Escritor, abogado, profesor y periodista
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